Vidulfo Rosales se apresta a ocupar un cargo con el próximo presidente de la SCJN, Hugo Aguilar.
Vidulfo Rosales, después de 23 años de ser abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y abogado del caso Ayotzinapa, renuncia y se va a la nueva Corte.
Rosales Sierra renunció al cargo.
Por el que representaba a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos de manera forzada en 2014.
A través de una carta fechada el 19 de agosto en Tlapa, Guerrero, y dirigida a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones sociales, activistas sociales y “a todas las personas que luchan por un mundo más justo”.
Rosales Sierra anunció su retiro “de la primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea por nuestros pueblos”.
Rosales Sierra escribió que desde “otras trincheras” continuará en la exigencia de que “los derechos humanos sean una realidad, que los pueblos indígenas y afromexicanos tengan una vida digna y no seamos tratados como personas de segunda.
Manifestó Vidulfo Rosales Sierra. “No puedo eludir mi deber de clase. Soy de una comunidad indígena enclavada en la agreste y encantadora Montaña de Guerrero; toda mi vida he caminado a contracorriente por senderos escarpados producto de la miseria y marginación, por ello tengo la capacidad de sentir las injusticias cometidas contra cualquiera y en cualquier parte. Fiel a esos principios, continuaremos el proyecto de vida en la etapa que viene, en el lugar que las circunstancias nos coloquen”.
Vidulfo Rosales volvió a ser blanco de seguimientos y espionaje durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, durante el primer año de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, en que se revelaron conversaciones telefónicas privadas en las que tenía expresiones desafortunadas de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, a los que acompañó en diversas movilizaciones.
Vidulfo Rosales se apresta a ocupar un cargo con el próximo presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, quien ha sido duramente cuestionado por pueblos indígenas por operar las consultas públicas para aprobar la construcción de megaproyectos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
