Ministro de la SCJN propone que la corte investigue las denuncias contra Yazmín Esquivel por plagio de tesis.

Sí se puede Sí se puede
Yasmín Esquivel y su plagio pueden ser sancionados

Con el proyecto del ministro Alcántara Carrancá

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá circuló al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el proyecto en el cual propuso una ruta administrativa para que sus compañeros atiendan las denuncias de plagio de su tesis de licenciatura en contra de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

Da a conocer el periódico El País, el proyecto del ministro Alcántara Carrancá será discutido y votado la próxima semana por el Pleno de la SCJN en una sesión privada, en donde con una mayoría simple de seis votos se podría abrir un procedimiento disciplinario en contra de la ministra.

Al alcanzar los votos, el asunto quedaría en manos de la presidenta de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la SCJN tendrá que analizar las casi 700 denuncias que existen en contra de la ministra Esquivel Mossa, las cuales la acusan que no cuenta con la buena reputación que exige la Constitución para que desempeñe el cargo.

La Unidad también deberá elaborar un informe que, según el periódico el PAIS, será revisado por la ministra presidenta Norma Piña Hernández, quien deberá decidir si existen los suficientes elementos para abrir un proceso disciplinario.

Si la ministra presidenta autoriza lo anterior, la Contraloría de la Suprema Corte se encargaría de dirigir dicho proceso, donde los denunciantes como la misma Yasmín Esquivel pueden presentar pruebas para acreditar o desestimar su responsabilidad en el plagio de su tesis de licenciatura en 1987.

En caso de que en esta etapa la ministra Esquivel tampoco obtenga una resolución a su favor, el asunto regresaría al Pleno de la SCJN para que sean sus compañeros quienes decidan finalmente si las acciones de las que se le acusan son meritorias de una sanción o no.

Existen varios escenarios de lo que podría suceder en un asunto tan novedoso y tan políticamente cargado como el caso Esquivel y en cualquier caso se vislumbra un camino largo.

Primero, si el proyecto de González Alcántara no se aprueba en la sesión privada, es posible que él mismo lo rehaga recogiendo las puntualizaciones de sus colegas, o bien, que el asunto se turne a una nueva ponencia, de acuerdo con una fuente del Poder Judicial.

Si el proyecto se aprueba tal como él ha propuesto, ello tampoco es garantía de que el asunto concluya en el inicio de un procedimiento de responsabilidades y mucho menos en el dictado de sanciones.

Es posible, de acuerdo con las proyecciones de la fuente, que la UGIRA señale de inicio que las quejas contra Esquivel resultan improcedentes, dado que los hechos denunciados sucedieron hace más de 35 años, y no durante el desempeño de su cargo de ministra, que ella ostenta desde 2019.

Existe otro filtro de interpretación que pasa por el criterio de la presidenta Piña, que puede o no convalidar la propuesta de la UGIRA. Si ella determina que es procedente la apertura del procedimiento sancionatorio, y aun si el dictamen concluye que Esquivel es responsable de faltas administrativas, todavía debe ser el pleno el que emita la resolución final.

No es claro si Esquivel podrá formar parte de esa votación o si deberá excusarse, lo que complicaría en el pleno alcanzar mayorías, pues solo quedarían 10 ministros.

En cualquier caso, señala la fuente judicial, es previsible que, si existen sanciones, estas no pasen de la amonestación o el apercibimiento a Esquivel.

Los castigos de mayor calado están en manos de otras instancias, como la UNAM o bien el Congreso, que es el órgano que la nombró en el cargo y podría erigirse como tribunal para juzgar el caso de la ministra.

Dos ministros declararon a EL PAÍS en condición de anonimato que el caso Esquivel es un elefante en la habitación que continúa dañando la imagen del Supremo. “No se habla de ese asunto entre los ministros; es como si no hubiera pasado”, lamentó uno. “Yo tengo mi opinión sobre el caso, por supuesto, pero no puedo expresarla, por prudencia”, dijo otra ministra. Para los analistas jurídicos, el proyecto de González Alcántara tiene la virtud de obligar a la Suprema Corte a afrontar el asunto de manera institucional y no hacer caso omiso de las denuncias, aun cuando, después de todo el trámite, no se impongan sanciones o estas sean más bien simbólicas.

“Había quienes estaban planteando que la Corte tenía un margen muy acotado tratándose de denuncias contra ministros. Un proyecto que cerrara la posibilidad de que los ministros sean sujetos de responsabilidad administrativa era una posibilidad, y todo parece indicar que por lo menos tenemos a un ministro, González Alcántara, que no está de acuerdo con eso”, afirma en entrevista el jurista Javier Martín Reyes. “Es una buena noticia que esta propuesta implique que la Corte sí se hace cargo, que existe la ruta. Porque había el riesgo de que, por la vía de los hechos o de las decisiones, la Corte se lavara las manos. Eso, por fortuna, no está en el proyecto”, ha agregado.

El también investigador de la UNAM señala que el proyecto de consulta a trámite es “prudente”, porque no prejuzga el caso Esquivel y solo clarifica qué ruta institucional debe seguir el Supremo para este conflicto y otros futuros. “Aquí no se está diciendo nada sobre la conducta de Esquivel y tampoco se dice nada sobre si podría haber una infracción.

¿En qué momento procesal estamos? La Corte nada más definiría la ruta jurídica. No hay ningún análisis de los hechos del caso, ni sobre si hay mérito o no en los planteamientos, ni sobre si esto podría o no constituir una sanción administrativa, mucho menos sobre si Yasmín Esquivel es responsable y cuáles son las supuestas infracciones que cometió. Mi impresión es que falta un camino larguísimo en este asunto”, ha sostenido

Fuente el País