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Vinculan a proceso a polis de Tuxpan, tras presunta responsabilidad en homicidio.

A proceso a Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública de Tuxpan, y a Marcos “N”, comandante de la Policía Municipal.

Por su presunta responsabilidad en el homicidio de Alejandro R.

De los datos recabados se sabe que el 30 de diciembre del 24, Alejandro R. se dirigió a la localidad de Milpillas, municipio de Tuxpan, con la finalidad de realizar una entrega de material para construcción.

En el camino, fue levantado por varias personas que lo llevaron al lugar conocido como El Salto; estando en ese lugar, fue golpeado con unas tablas.

Al sitio llegaron el director de seguridad pública de Tuxpan, Juan Manuel “N”, y Marcos “N”, comandante de la Policía Municipal, quienes le reclamaron.

A  Alejandro R. la difusión de unos videos, participando en la golpiza.

Todo golpeado, Alejandro R. fue subido a un vehículo particular y trasladado a su domicilio, en donde a la esposa de la víctima le exigieron dinero a cambio de no matarlo.

La esposa dio el dinero solicitado; es cuando bajan a Alejandro golpeado y lo dejan.

El estado en que se encontraba la víctima hizo que sus familiares lo llevaran al hospital en Ciudad Hidalgo, donde a las 22:00 horas, murió a consecuencia de traumatismo cerrado en abdomen, lo que le ocasionó estallamiento del bazo.

La denuncia pública ejerció la presión para que la autoridad actuara, sobre todo por tratarse de la intervención de los servidores públicos. El Fiscal General instruyó al titular de la Unidad Especializada en Homicidio Doloso para atraer la Carpeta de Investigación.

La sociedad estuvo atenta a este hecho, lo que dio paso a que los resultados salieran y se obtuvieron datos sólidos y contundentes de la posible participación de los servidores públicos, entre ellos de Juan Manuel “N” y Marcos “N”.

Con orden de aprehensión ejecutada por la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Juez de Control, los ha vinculado a proceso; se les impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar con un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación.

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